La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria entre enero y octubre de 2021 ha permitido aflorar más de 7,6 millones de euros en fraudes y sanciones y ha regularizado la situación laboral de 5.832 trabajadores y trabajadoras.
Así lo han explicado, este martes en rueda de prensa, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, que han estado acompañadas por el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez.
Álvarez y Quiñones han repasado la actividad desarrollada por este organismo en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y extranjería, una vez que ayer tuvo lugar la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según han explicado, la labor inspectora hasta el mes de octubre ha permitido regularizar la situación laboral de 5.832 trabajadores y, de los más de 7,6 millones de euros que se han recaudado gracias a las actuaciones de los inspectores y subinspectores, 5,39 millones corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social y más de 2,2 millones a sanciones.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales ha subrayado que los resultados obtenidos «demuestran no sólo la importancia de la Inspección de Trabajo sino la necesidad de seguir intensificando la vigilancia de la normativa laboral».
«La Inspección la tenemos que ver como un apoyo a los trabajadores y trabajadoras y también a las empresas, porque combate la competencia desleal que le hacen otras empresas que no cumplen la normativa laboral», ha dicho.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Cantabria ha destacado que estas cifras se logran gracias «al excelente trabajo que desarrollan los inspectores y subinspectores de la administración», que realizan un «importante y valioso trabajo conjunto» en la Inspección de Trabajo a través del que se lucha contra la precariedad laboral y el fraude.
En el Área de Prevención de Riesgos Laborales, Ana Belén Álvarez ha informado que se han desarrollado 30 campañas sobre condiciones materiales de seguridad y salud en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes de trabajo e investigación de enfermedades profesionales.
Como resultado de la labor inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han efectuado más de 4.600 actuaciones, se han extendido 1.209 requerimientos y se han tramitado 126 denuncias. Las sanciones en este ámbito han ascendido a 724.276 euros.
Por otro lado, la consejera de Empleo y Políticas Sociales se ha referido al Área de Empleo y Relaciones Laborales en la que la Inspección ha efectuado más de 1.300 actuaciones y ha extendido 288 requerimientos. Como consecuencia de dichos requerimientos, se han transformado en indefinidos un total de 498 contratos que se encontraban en situación irregular. Además, ha señalado que, a través del Plan de Choque con el Fraude en la Contratación Temporal, se han regularizado otros 1.347 contratos. Desde esta área, se ha impuesto sanciones por 169.862 euros.
Seguridad Social y control de la economía irregular y extranjería
Por otro lado, la delegada del Gobierno en Cantabria ha dado cuenta de las materias estatales enmarcadas en el trabajo de la Inspección. Dentro del Área de Seguridad Social, se han realizado 4.451 actuaciones y se han detectado un total de 311 infracciones, con alrededor un millón de euros en sanciones y 2.083 trabajadores afectados.
Se han efectuado liquidaciones por una cuantía de 5.394.660,45 euros ante casos de falta de cotización a la Seguridad Social, extendiéndose 69 requerimientos contra empresas por incumplimientos en la normativa.
Además, Quiñones ha indicado que, en materia de economía irregular y extranjería, se han detectado 34 infracciones que han afectado a un total de 1.904 trabajadores sancionándose a los empleadores que ocupaban irregularmente a los mismos con algo más de 315.000 euros.
Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2021-2023
La delegada del Gobierno ha destacado el «firme compromiso» con los derechos de los trabajadores y trabajadoras con la aprobación en el pasado Consejo de Ministros del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023.
Un organismo «clave» para la defensa de los derechos laborales que es necesario fortalecer con «importantes transformaciones estructurales» que permitirán readaptar su actividad, sobre todo teniendo en cuenta los sustanciales cambios económicos y sociales, que se han visto acelerados con la pandemia.
«El plan contempla profundas mejoras estructurales y operativas, que reforzarán y ampliarán el peso de la actuación inspectora en el proceso de recuperación. Entre las mejoras, se contemplan la renovación de estrategias y planes de intervención para hacer frente a las formas de fraude laboral más novedosas», ha indicado.
Además, ha indicado, se va a crear la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, se impulsarán las nuevas tecnologías y el big-data en el diseño de las actuaciones inspectoras y se reforzará la intervención de la Inspección en los despidos colectivos y en las suspensiones de contratos, entre otras medidas.
De cara a los objetivos del año 2022, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, ha avanzado que se realizarán 103 campañas con un total de 6.960 órdenes de servicio a cumplimentar por el sistema de Inspección en Cantabria.
Se incluyen actuaciones de prevención de riesgos en materia de género, peluquerías, construcción en investigación especial de accidentes leves y plan de choque contra la siniestralidad mortal. En materia laboral se actuará preferentemente en el control de tiempo de trabajo y registro de jornada, contratación, salarios y planes de igualdad.
En materia de Seguridad Social la lucha contra el fraude, contra el empleo irregular y empresas ficticias serán los ejes básicos de actuación y, por último, en materia de economía irregular se actuará en sectores de actividad con situaciones irregulares, becarios y plataformas y comercio electrónico.