La Comisión de Administración Local ha dado hoy luz verde al anteproyecto de ley de Entidades Locales Menores de Cantabria. En la reunión celebrada hoy la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha asegurado que el texto legislativo se encuentra «muy avanzado», por lo que se espera pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento «antes de que termine el verano».
El proyecto normativo ya ha sido sometido al proceso de información pública, una tramitación que comenzó con su publicación en el BOC el día 10 de julio de 2020, recabando la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente y afectadas por la futura norma. Este procedimiento se encuentra únicamente a falta del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno.
Tal y como ha asegurado la titular de Presidencia esta nueva normativa aportará «mayor operatividad» al funcionamiento de estas instituciones y facilitará la «participación activa» de los pueblos de Cantabria. A su juicio, esta ley que sustituirá a otra vigente con 27 años de antigüedad, viene a demostrar el «compromiso del Ejecutivo regional con las entidades locales».
Entre los objetivos de la nueva ley de entidades locales menores, Paula Fernández, ha citado su aportación para evitar la dispersión normativa, además de constituir una herramienta «fundamental» para reservar y proteger la participación activa de las juntas y concejos.
Este texto normativo constituye uno de los principales objetivos de legislatura planteado por la Consejería de Presidencia que defiende el papel «primordial» de la Comisión de Administración Local, ha asegurado la consejera, como órgano de consulta y participación de las Entidades Locales, además de instrumento para «recabar e intercambiar impresiones sobre la situación de la Administración Local, reforzando su papel y capacidades».
Además, se ha informado de los acuerdos marco de suministros de energía eléctrica, seguridad y vigilancia de los edificios públicos, servicios postales, alquiler de fotocopiadoras e impresoras, suministro de material de oficina, gestión y custodia de archivos, seguros obligatorios de vehículos, suministro de gasóleo de calefacción y gas natural. Esta adhesión supone un suministro de esos servicios a precio del Gobierno de Cantabria y una menor carga burocrática para los Ayuntamientos.
Ya se encuentran adheridos a este acuerdo marco un total de 41 ayuntamientos, 31 ya lo tienen implantado y se están desarrollando contratos derivados de los últimos bloques de Ayuntamientos que restan.
Este proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 1,2 millones de euros, en concreto, este año se prevé una inversión de más de 115.000 euros del plurianual establecido al efecto en el presupuesto. Asimismo, se está implantando una red segura de comunicaciones propia de los ayuntamientos en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que ha supuesto una inversión de 182.815 euros, concedidos desde la Dirección General de Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria.
Además, el Ejecutivo cántabro ha desplegado ya la red de telecomunicaciones para garantizar los servicios de la Administración Electrónica a 94 ayuntamientos, 7 de ellos están pendientes de tramitación de alguna de las soluciones previstas por las circunstancias derivadas de problemas vinculados a la orografía, situación de los edificios, etc.
A este respecto, la consejera de Presidencia, ha asegurado que su objetivo es «continuar avanzando en la red de municipios adheridos e integrados añadiendo nuevos servicios y prestaciones en coordinación con los municipios y asistiendo a los Ayuntamientos en materia de desarrollo de la teletramitación y el trabajo no presencial», un ámbito que se ha demostrado «fundamental» desde la situación de pandemia sanitaria.
El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro, ha compartido con la consejera la necesidad de «continuar trabajando en la ampliación de este acuerdo marco», especialmente para su ampliación en los servicios de telefonía y telecomunicaciones.
En el encuentro también se ha informado sobre la marcha del contrato de asistencia técnica celebrado con la Universidad de Cantabria para la elaboración de un estudio geográfico que fundamente una propuesta de delimitación comarcal de la Comunidad Autónoma, y que está previsto esté concluido para el mes de agosto.
Entre las prioridades de acción de esta legislatura se encuentra el abordaje del Mapa de Delimitación comarcal, recogido en la Ley de Comarcas de Cantabria, que será utilizado como base de un nuevo estudio encargado a la Universidad de Cantabria que sirva para actualizar el de 2006, que ya contenía una delimitación territorial comarcal de base funcional. Una vez entregado este nuevo estudio por la Universidad, se abordará, a continuación, una propuesta inicial de mapa de delimitación comarcal que será sometido previamente a consulta pública y que servirá de base para la redacción del proyecto de ley de comarcalización de Cantabria, un ámbito en el que desde la FMC se ha expresado su deseo de «colaboración» y en el que ha subrayado la participación de los ayuntamientos.
Por último, otro de los puntos del orden del día ha sido la lista de candidatos para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, derivado del gran incremento de puestos vacantes en este ámbito. Para la constitución de dicha relación de candidatos la Comunidad Autónoma convocó la realización de pruebas, que han tenido lugar entre los meses de abril y mayo, y que actualmente se encuentran en fase de corrección y se espera estén concluidas a lo largo de este mes.
Respecto a este asunto, el presidente de la FMC, Pablo Diestro, ha resaltado la «flexibilidad y agilidad» en la prestación de servicios que va a facilitar la disposición de esta relación de interinos, que permitirán cubrir puestos vacantes en las Secretarías y las plazas de Intervención.
También se ha presentado el nuevo decreto de la Administración Local al objeto de dar un mayor protagonismo y participación a este órgano en el que se encuentra representado el Ejecutivo cántabro y la Administración Local con el fin de seguir trabajando conjuntamente.
La Comisión de Administración Local está formada por representantes del Ejecutivo autonómico de varias consejerías, así como otros miembros designados por la Federación de Municipios (FMC). Entre los representantes municipales, han participado en la reunión de hoy, además, del presidente de la FMC y alcalde de Reocín, Pablo Diestro, el alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso; la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa; el alcalde de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera y el concejal de Economía del Ayuntamiento de Santander, Víctor Huergo.