La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, se ha reunido con el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro, y con representantes de la Universidad de Cantabria para estudiar la aplicación de un sistema informático que facilite el cumplimiento de la nueva Ley, de febrero de este año, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Es una norma que transcribe la Directiva europea de 2019 para la lucha contra la corrupción y cuya finalidad es proteger, frente a posibles represalias, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la propia norma.
La Ley obliga a contar con un canal interno de información, que será la herramienta a través de la cual se formalicen las denuncias, y para ponerlo en marcha, prioritariamente en los municipios en riesgo de despoblación, la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Administración Local, y con la colaboración de la Federación de Municipios busca dotarlos de una plataforma digital que les permita cumplir con esta normativa.
El Gobierno está buscando la fórmula que le permita entregar una dotación presupuestaria a estos pequeños municipios, de menos de 5.000 habitantes y sobre todo a los 39 en riesgo de despoblamiento, para dotarles de una plataforma de bajo coste, desarrollada a través de la Universidad de Cantabria.
Según ha explicado la Consejera, Paula Fernández, hay tiempo hasta el mes de diciembre para implementarlo y, de manera paralela, el Gobierno está trabajando también para cumplir, como Gobierno de Cantabria, esta Ley que acaba de entrar en vigor. El objetivo es, igualmente, facilitar al ciudadano que pueda acudir a las administraciones para denunciar cualquier supuesto que consideren oportuno.
Por lo que respecta al Gobierno, La Dirección General de Organización y Tecnología está dando los pasos necesarios para la creación de un buzón interno de denuncias en cumplimiento de la legislación estatal.
En la reunión se ha indicado que hay algunos ámbitos donde ya se está aplicando, sobre todo en aquellos aspectos en los que se está gestionando fondos europeos, fondos Next Generations, donde ya se establecía como requisito.
Paula Fernández ha hecho hincapié en que estos pequeños ayuntamientos tengan acceso y puedan cumplir y ser los primeros en observar la nueva normativa, y para ello se ha solicitado la colaboración con la Federación de Municipios, «para intentar llegar al máximo posible y poder dotar a los que menos medios tienen y a los que más necesidad tienen de esa ayuda».
El ámbito material de aplicación de la norma incluye no solo la denuncia de cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, sino también la de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, considerando como tales todas aquellas que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
Por su parte el presidente de la FMC, Pablo Diestro, ha agradecido esta ayuda ya que sobre todo a los municipios, en riesgo de despoblamiento, para los ayuntamientos más pequeñitos, donde hay menos personal, estas nuevas normativas «suponen un mundo».