El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha reclamado al Ministerio de Medio Ambiente que «busque una solución» para que la nueva ubicación de la depuradora de Vuelta Ostrera provoque el menor impacto medioambiental y social».
Zuloaga, realiza estas declaraciones después de reunirse con alcaldes, portavoces municipales y secretarios generales de las agrupaciones del PSOE de Cantabria, en cuyos municipios, el Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto una posible ubicación de la nueva depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera, para analizar las «ventajas e inconvenientes» de los diferentes emplazamientos planteados.
Los responsables locales del PSOE de Torrelavega, Suances, Santillana del Mar, Polanco y Miengo, han reclamado que «desde el Ministerio se tome la mejor decisión siempre bajo criterios medioambientales y sociales, y con las mejores garantías jurídicas para que los cántabros y las cántabras no tengamos que padecer una vez más este tipo de errores». Una ubicación que genere, han dicho, que produzca los mínimos problemas a poblaciones cercanas.
En esta línea, desde la dirección del PSOE, se descarta que el nuevo emplazamiento se construya en «zonas protegidas, con un ecosistema frágil o sobre suelos de alto valor agrícola y paisajístico» y considera que, «lo mejor es que la nueva depuradora se ubique, al menos a 100 metros, de los núcleos de población».
Asimismo, se respalda «la necesidad de construir un emisario submarino dado el importante caudal de aguas residuales de carácter industrial que confluyen en esta cuenca y la necesidad de evitar vertidos al ecosistema que afecte a las zonas costeras y de ribera».
Por otro lado, Zuloaga y los representantes socialistas se han mostrado «indignados» y han pedido a Mariano Rajoy y al PP «que de una vez por todas asuman responsabilidades políticas que conlleva el ejercicio de su cargo».
«El Gobierno del PP decidió de manera irresponsable y vulnerando la legislación ambiental, construir Vuelta Ostrera, despreciando además advertencias e informes que indicaban la imposibilidad de hacerlo en un ecosistema protegido, vulnerando la ley de costas», han criticado. Un «atentado medioambiental» que dio lugar a «una sentencia de demolición que pesa sobre la actual depuradora emitida por el Tribunal Supremo desde 2005», han destacado.
Además, han incidido en que al PP de Cantabria «se le ha olvidado que hemos llegado a esta situación porque fue su Ejecutivo el que decidió saltarse a la torera todos los informes y ubicar la depuradora en un lugar que no era legal». Por ello, consideran que los populares deben «asumir su responsabilidad» por el «despilfarro de más de 120 millones de euros de dinero público» que han supuesto sus decisiones, sin que nadie haya «dimitido».