La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa cumplirá con los plazos marcados por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia con la implantación desde mañana, 1 de julio, de la nueva estructura de tribunales de instancia y la reorganización de las oficinas judiciales en siete partidos judiciales de Cantabria.
A partir de mañana, los juzgados de los partidos judiciales de Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera dejarán de ser tales y se convertirán en los nuevos tribunales de instancia, uno por partido judicial, que estarán asistidos por una única oficina judicial que prestará servicio a cualquiera de los jueces titulares.
Solo el partido judicial de Santander mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha a partir de la cual deberá estar implantada también la nueva organización judicial en la capital, según lo establecido por la reforma nacional para los grandes partidos judiciales.
La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno cántabro, Isabel Urrutia, ha valorado los trabajos realizados en estos seis meses por su departamento, en colaboración con todos los colectivos judiciales, y que han permitido el cumplimiento de los “exigentes plazos impuestos” por la ley orgánica.
En este objetivo, ha destacado la “buena sintonía y coordinación” con la que se ha desarrollado este proceso de transición con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), jueces y magistrados, y con la Secretaria de Gobierno y los letrados de la Administración de Justicia, así como con el resto de colectivos judiciales de la región.
Además, la consejera de Justicia ha resaltado el esfuerzo económico realizado por Cantabria para la puesta en marcha de la ley, que ha salido “en su totalidad de presupuesto autonómico” y supondrá una inversión total superior a los 2 millones de euros.
Otra de las novedades son las oficinas de justicia municipales, que sustituyen a los actuales juzgados de paz, y que tendrán un importante impacto en los municipios con menor población como “instrumentos clave”, en palabras de Urrutia, para “acercar los servicios de la justicia” al ciudadano residente en las zonas rurales.
Así, además de las anteriores competencias de registro civil, comunicaciones judiciales y asistencia al juez de paz que se desarrollarán en su totalidad por medios digitales, desde las nuevas oficinas de justicia municipales se realizarán actuaciones procesales mediante videoconferencia, como en el caso de la toma de declaración como testigo e interrogatorio de parte en procedimientos judiciales.
Igualmente, desde estos servicios se gestionarán las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, las peticiones de la ciudadana dirigidas a las gerencias territoriales del Ministerio (certificados de últimas voluntades, antecedentes penales…) y se colaborará con las unidades de solución de controversias en actos de conciliación impulsados por los jueces de paz, entre otros.
Así, los ciudadanos ya no tendrán que desplazarse hasta los diferentes organismos judiciales para realizar este tipo de actuaciones, acercando los servicios de justicia a todos los municipios de Cantabria.
Por último, se está realizando una nueva redistribución del personal al servicio de la Administración de Justicia allí donde ha sido requerido por el juez decano o el director del servicio común de tramitación, como es el caso de los partidos judiciales de Torrelavega, Laredo y Castro Urdiales.