El Gobierno de Cantabria ha asesorado a los ayuntamientos para facilitar la organización de los servicios esenciales y asegurar a la población la prestación de los mismos, tras la publicación anoche en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley que limita más la actividad ante la pandemia del coronavirus.
En sendas misivas enviadas hoy por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, se informa a los consistorios de que, en virtud de su autonomía municipal y su potestad organizativa, quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos.
Al mismo tiempo, como ya hizo el pasado 16 de marzo en otros documentos enviados por la declaración del estado de alarma, el Ejecutivo regional, en aras a facilitar esta labor de los ayuntamientos, traslada los posibles criterios de organización para el personal municipal y los servicios esenciales.
Así, ante las nuevas restricciones decretadas por el Estado, propone mantener las medidas de teletrabajo para aquellos empleados púbicos no designados como servicios esenciales y mantener la presencia efectiva para el alcalde o alcaldesa (como máxima autoridad), así como la de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, sin perjuicio de que también estas labores puedan prestarse a distancia.
El Gobierno regional entiende que, de no disponer de servicios de teletrabajo, cada entidad local podrá ejercer entonces su potestad auto-organizativa para dar cobertura jurídica a esa situación, adoptando las instrucciones y resoluciones a las que alude el real decreto estatal.
Además, a modo de ejemplo, se exponen dos situaciones que pueden dar cobertura jurídica a los empleados municipales que deben quedarse en sus domicilios, sin poder prestar sus servicios mediante teletrabajo: en situación de deber inexcusable, previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, o bien, como permiso retribuido recuperable, que recoge el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo.
La consejera de Presidencia ha señalado que se trata de una «recomendación general» a los ayuntamientos para tender a un mismo modelo de organización y coordinar así las actuaciones de las administraciones públicas para superar «con garantía» la presente crisis sanitaria.
«Nuestra responsabilidad como Gobierno y diputación provincial es que, mientras dure la emergencia sanitaria, trabajemos de forma coordinada para minimizar sus efectos entre la población y, para ello, es necesario reforzar los medios de asistencia y cooperación en apoyo a las entidades locales», ha subrayado la consejera.