El Gobierno de Cantabria contará este año por primera vez con una norma que regule sus Oficinas de Atención Ciudadana y el ejercicio de registro en la Administración, con el que se establecerá un modelo único e integrado de todos los servicios autonómicos de este ámbito.
Hasta el momento, la acción del Gobierno se había limitado a la creación del servicio y a la descripción de competencias, careciendo de la oportuna reglamentación de su actividad y funciones.
El futuro decreto será de aplicación al conjunto de la Administración Autonómica y se adaptará a las últimas normas básicas sobre procedimiento administrativo y régimen jurídico, que apuesta por las relaciones electrónicas y la eliminación de cargas administrativas.
Además de regular los derechos de la ciudadanía y las funciones propias de la atención ciudadana, el sistema por el que se distribuirá la información autonómica será multicanal y podrá ser presencial; correo postal; correo electrónico; telefónico, a través del 012, y por el Portal Institucional, en la web cantabria.es.
La organización del sistema estará formada por un servicio central, la Oficina de Atención Ciudadana, ya existente, y se prevén crear Oficinas delegadas en cada consejería y otras especializadas en materias concretas. Por último, podrá haber oficinas de atención mixtas, con el fin de ofrecer tanto información autonómica como local y comarcal.
Estos servicios actuarán como oficinas de asistencia en materia de registros, lo que significa adaptarse a las normas estatales de procedimiento administrativo, que buscan una administración electrónica interconectada, transparente y facilitar las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones del país.
En este sentido, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha afirmado que la nueva normativa ampliará «de forma notable» las funciones de las oficinas de atención ciudadana, al facilitar la realización de trámites y solicitudes sin necesidad de acudir a los registros que funcionan actualmente en las administraciones públicas.
A modo de ejemplo, el consejero ha señalado que un ciudadano que desconozca el funcionamiento de la tramitación electrónica podrá presentar ante el Ayuntamiento de Soba una determinada petición y la oficina de asistencia en materia de registro lo trasladará a los órganos competentes correspondientes, realizando copias auténticas de toda la documentación aportada y la notificación de ello.
A su juicio, las oficinas de atención ciudadana deben ser servicios que faciliten «la relación de los ciudadanos con la administración, que exigen agilidad, eficacia y transparencia».
De la Sierra ha destacado el «salto cualitativo» de las solicitudes electrónicas: en 2017 se realizaron 14.300 ante el Gobierno autonómico, frente a las 6.800 de 2016. «De ahí que esta norma busque fomentar la tramitación electrónica y dar soporte, al mismo tiempo, a aquellos ciudadanos que no dominan este sistema», ha remarcado.