El Gobierno autonómico actualizará el decreto del voluntariado de Protección Civil aprobado en enero de 2019 con el fin de adaptarlo a la ley autonómica en la materia, aprobada posteriormente, y que estas entidades puedan depender funcional, jerárquica y económicamente de los ayuntamientos.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha explicado que el Gobierno responde con este cambio normativo a una demanda de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), que ha solicitado que se modifique su régimen jurídico y se integren en los consistorios, frente a lo recogido en el decreto actual, que establece que estas organizaciones tengan personalidad jurídica propia.
En los próximos días, según ha señalado la consejera, se iniciarán los trámites necesarios para hacer efectivo el cambio normativo, con la publicación de la consulta pública.
El decreto del voluntariado de Protección Civil, en vigor desde enero de 2019, introdujo importantes novedades, exigiendo una formación mínima básica a los nuevos voluntarios. Asimismo, la norma facilita una mayor seguridad jurídica en las intervenciones de las agrupaciones y establece unos principios básicos que garantizan el funcionamiento y la seguridad de los propios voluntarios.
Las 50 agrupaciones municipales de Protección Civil que hay en Cantabria reúnen a más de 600 voluntarios que realizan labores preventivas, acontecimientos sociales y deportivos, y como cuerpo de apoyo en intervenciones de emergencia.
En este punto, Paula Fernández Viaña ha resaltado la importancia de esta red de voluntariado en la ayuda ante la emergencia sanitaria de la COVID-19 y atender las demandas socio-sanitarias que generó el estado de alarma. Según ha recordado, los voluntarios se encargaron diariamente de múltiples tareas en la crisis sanitaria, como la atención de colectivos vulnerables, la limpieza de espacios y el apoyo logístico.