La Consejería de Presidencia e Interior, dirigida por Paula Fernández Viaña, ha presentado el borrador de la nueva ley del juego de Cantabria, que dejará sin efecto la aprobada en 2006 y que introducirá importantes novedades en el ámbito de la prevención y planificación para minimizar su impacto en la salud pública, una mejor protección de los colectivos vulnerables y otras limitaciones ante la proliferación de casas de apuestas y salones de juego.
Con la nueva ley de juego de Cantabria «ofreceremos una visión integral del sector, adaptada a la sensibilidad social actual, e intensificaremos las medidas para una oferta de juego responsable», ha señalado la consejera de Presidencia.
Este departamento ha presentado el primer texto normativo de la futura ley al grupo de trabajo encargado de la redacción definitiva y que reúne a todos los agentes implicados, entre empresas del juego, sindicatos, asociaciones sociales, representantes de las administraciones locales y de centros de tratamiento de problemas de juego, además de distintas consejerías del Gobierno autonómico.
Según ha señalado la consejera, es precisa «la colaboración de todos para desarrollar los objetivos estratégicos del juego responsable» y «conseguir la mejor ley» para Cantabria, que haga compatible «una actividad empresarial y laboral importante», pero que, al mismo tiempo, sea capaz de incrementar las medidas de protección de los sectores más vulnerables, como son los menores.
Entre las novedades introducidas, el texto normativo plasma una visión integral del sector del juego, con medidas que se implementarán en ámbitos como sanidad, salud pública, juventud, educación y hacienda.
A las medidas tradicionales de control e intervención de la administración pública, se añadirán otras de prevención y orientación de la actividad a la promoción del juego responsable. La consejera de Presidencia ha avanzado que se establecen así unas limitaciones «muy estrictas» a la publicidad del juego en la comunidad autónoma, y otras obligaciones que deben de cumplirse en los establecimientos de juego, junto a un régimen de derechos de las personas usuarias.
Igualmente, se mejorará la coordinación de las administraciones públicas en el sector y la participación efectiva de las asociaciones de ayuda a personas con ludopatías a través de una nueva comisión de seguimiento de las medidas de prevención en materia de juego. De forma regular, ha destacado la consejera, se podrán valorar el alcance de las iniciativas implantadas y proponer otras nuevas para una mejor regulación del sector.
Entre las acciones de planificación del sector, el proyecto establecerá unos criterios sobre el número de establecimientos de juego y el régimen de distancias aprobado hasta el momento -500 metros de distancia con centros educativos y entre salones de juego-.
Según el plan de trabajo marcado durante la reunión, los miembros del grupo de trabajo podrán presentar sus opiniones y sugerencias al texto normativo hasta el 8 de febrero. Asimismo, durante la próxima semana se abrirá el periodo de consulta pública para la ciudadanía en general.
Fernández Viaña ha asegurado que el texto final de la ley del juego tendrá en cuenta todas las opiniones, con el objetivo de incluir aquellas que mejoren la regulación del sector.