El Gobierno de Cantabria ha autorizado hoy el convenio con el Ministerio de Fomento para ejecutar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que prevé una inversión superior a los 35,6, financiada en un 23% por la Comunidad Autónoma, con una aportación de 8,2 millones en los cuatro próximos años, mientras que el Gobierno central sufragará el 77% restante, con 27,4 millones.
Una vez completado este trámite, Cantabria espera ser una de las primeras regiones en formalizar el acuerdo con el Estado para iniciar la ejecución de un plan, que incluye programas de ayuda al alquiler, a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, a fomento del parque de vivienda en alquilar, acciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de vividas; conservación, mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad; fomento de la regeneración y renovación urbana y rural; ayuda a los jóvenes, y promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.
El plan prevé inversiones anuales en torno a los 9 millones de euros. En concreto y para el presente año 2018 el convenio recoge 8.645.000 euros; 8.817.900 en 2019, 8.990.800 en 2020, y 9.188.400 en 2021.
Éste ha sido uno de los principales acuerdos del Ejecutivo en su reunión de este jueves, en la que también ha dado el visto bueno a la concesión de ayudas por un total de 800.000 euros a propietarios de barcos pesqueros y cofradías de pescadores, 300.000 para apoyar inversiones de las cofradías y 500.000 para contribuir a la mejora de la eficiencia energética de los buques.
Además, se ha posicionado sobre la proposición de ley presentada por Podemos para promover medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Tales medidas están recogidas en el anteproyecto de Ley de Control Ambiental Integrado, que en este momento se encuentra a expensas de informe de la Dirección General del Servicio Jurídico para su aprobación, por lo que el criterio del Consejo de Gobierno es continuar con la tramitación de dicho anteproyecto.