El Gobierno de Cantabria ha iniciado la actualización del decreto que desarrolla la normativa estatal sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, cuya redacción ha sido coordinada por la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, y la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.
El Ejecutivo regional ha publicado en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el trámite conjunto de audiencia e información pública del proyecto de decreto, al que se pueden presentar alegaciones hasta el 30 de junio.
El consejero de Industria, Javier López Marcano, ha señalado que esta actualización responde a «la permanente tutela de la Administración regional por garantizar la seguridad de las actividades industriales y la conveniencia de acometer estos cambios normativos en aras de una mayor seguridad jurídica» para que se articule la distribución de las competencias y facultades atribuidas a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Además, ha destacado «la positiva receptividad del sector industrial que se ve afectado por el Decreto, como nuestra gran industria química, que están acostumbrados a acometer cuantiosas inversiones para alcanzar los mayores niveles de seguridad posibles».
Por su parte, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha valorado especialmente la coordinación entre distintos departamentos de la administración pública y con las empresas, así como las medidas de actuación y control establecidas para mejorar la capacidad de respuesta frente a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
La máxima responsable de la atención de las emergencias y protección civil en la comunidad autónoma ha destacado también los beneficios que supone reforzar la información a la población y el intercambio de datos que posibiliten que las empresas integren políticas de prevención de accidentes graves, de informes de seguridad y planes de emergencia.
En este sentido, ha apuntado otras medidas preventivas que implican a administraciones y empresas tendentes a evitar el llamado ‘efecto dominó’, que evite el incremento de las consecuencias de un accidente a causa de la proximidad de otras empresas y zonas residenciales y el establecimiento de las barreras necesarias para minimizar las consecuencias.
Ha destacado la experiencia de Cantabria en este ámbito con el desarrollo, aplicación práctica y actualización constante de los planes de emergencia exterior de las ocho empresas de la región que trabajan con sustancias químicas y que incluye la celebración de simulacros con la activación de sistemas de aviso a la población para simular situaciones de confinamiento, la verificación de las comunicaciones entre los distintos grupos de intervinientes en la resolución de la emergencia y su correcta coordinación.
Actualización del decreto
El objetivo de la actualización es la designación de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el desarrollo de la normativa estatal en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
En el proyecto de decreto se recogen previsiones relacionadas con el control de riesgos inherentes a accidentes graves que serán ejercidas por la Consejería competente en materia de industria, principalmente en materia de inspecciones a las empresas afectadas, así como en lo relativo a la colaboración de los organismos de control con la Administración.
El director general de Industria, Daniel Alvear, recuerda que la normativa estatal es fruto de la trasposición de la conocida como ‘Directiva Seveso’, denominada así por el trágico accidente ocurrido el 10 de julio de 1976 en una pequeña planta química en el municipio de Seveso, a 25 km al norte de Milán, en la región de Lombardía, que produjo la liberación al medio ambiente de grandes cantidades de la dioxina TCDD y que ésta llegara a zonas de población produciendo graves afecciones a las personas.
A raíz de este trágico episodio, en 1982 los países de la Unión Europea acordaron reglas de seguridad para las plantas industriales que utilizaran elementos peligrosos, mediante la llamada Directiva 82/501/EEC o ‘Directiva Seveso’, que imponía duras regulaciones industriales.
Esta directiva ha tenido diferentes actualizaciones a nivel europeo con modificaciones y mejoras en las medidas de seguridad y los protocolos de gestión, que los diferentes países miembros han ido transponiendo a su legislación, y que obligan a su vez a actualizar el decreto regional de desarrollo de la normativa nacional.