La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha presidido el Consejo General del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), en el que se ha dado cuenta de los avances en los proyectos que este organismo público tiene en marcha con cargo a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La titular de Políticas Sociales ha explicado que su departamento, a través del ICASS y la dirección general de Políticas Sociales, desarrollará el ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’ con cinco subproyectos que se han empezado a ejecutar este año y que actúan sobre la transformación y especialización del modelo de cuidados de larga duración en Cantabria, el desarrollo de la teleasistencia avanzada y el apoyo a personas cuidadoras; la digitalización del sistema público de servicios sociales: la mejora del sistema de acogimiento residencial y familiar de menores y capacitación digital y la mejora de la accesibilidad de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
En la reunión, en la que la consejera ha estado acompañada por la directora del ICASS, María Antonia Mora, y por el director de Políticas Sociales, Julio Soto, se ha dado cuenta, igualmente, de la reciente modificación, por unanimidad del Parlamento de Cantabria, de la Ley de Derechos y Servicios Sociales, que garantiza que los incrementos salariales en Dependencia y Discapacidad que provengan de la negociación colectiva se repercutirán en los precios de concertación.
En la reunión del Consejo General del ICASS se ha informado también del Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria, que cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros, un incremento porcentual del 2,7% con relación al año anterior, que, entre otros objetivos, ha permitido la contratación de 17 profesionales más, pasando de 187 en 2021 a 204 en 2022.
Finalmente, la consejera ha dado cuenta de la evolución de la Renta Social Básica (RSB) que va disminuyendo sus beneficiarios en la medida en que se produce la implantación de la prestación del Ingreso Mínimo Vital en Cantabria por parte del Gobierno de la Nación.