Ecologistas en Acción Cantabria ha anunciado su intención de iniciar un contencioso administrativo contra el otorgamiento del permiso de investigación minero Salia, que afecta a seis ayuntamientos de la zona costera y central de Cantabria: Santillana del Mar, Suances, Cartes, Reocín, Torrelavega y Mazcuerras.
Según explican, en treces meses la empresa minera Cantábrica del Zinc pretende realizar unos 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad, en localidades como Queveda, Yuso, Mercadal, Mijares, Ganzo o Puente San Miguel.
Entre los diversos motivos del recurso, en primer lugar, destacan «la ilegalidad manifiesta de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria en mayo de 2017, que facilitó la actividad minera en todo tipo de suelo rústico». EAC asegura que esa modificación legislativa se aprobó «con la única finalidad de dar expresa cobertura a una serie proyectos de explotación minera como el presente», a efectos de que puedan llevarse a cabo en todo tipo de suelo rústico de especial protección.
«Es una norma ad hoc, para esquivar cualquier obstáculo, e incluso, para esquivar la doctrina de los tribunales, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como del Tribunal Supremo según la cual, la cuestión de la prevalencia de los intereses en juego debe abordarse al aprobar el otorgamiento del Permiso de Investigación», valora Ecologistas en Acción. A su juicio, «se puede considerar una desviación de poder, o cuando menos, arbitrariedad, y una norma carente de la necesaria motivación conforme a derecho».
Por otro lado, apuntan que no se ha evaluado la compatibilidad de la actividad minera con el desarrollo social sostenible y la economía local.
«Ni Cantábrica del Zinc, ni la Administración han tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede tener una actividad industrial y minera en las inmediaciones de un medio rural turístico como el del litoral Cantábrico y de toda el área afectada por la actividad turística generada por las Cuevas de Altamira y la localidad de Santillana del Mar», señala EAC.
El área del proyecto, explican, se extiende a través de seis municipios con unas actividades económicas con alto riesgo de verse afectadas negativamente por la actividad minera, especialmente la actividad del sector primario, por la afección a suelos de alta capacidad de uso agrícola, y la del sector servicios relacionada con el turismo. Asimismo, en el área del proyecto de investigación se encuentra la Cueva de Altamira y su entorno preventivo, lo que «deriva en un potencial daño al citado patrimonio cultural y la actividad socioeconómica generada por el mismo, afirma el colectivo ecologista.
Así, manifiestan que en Suances y Santillana del Mar el impacto negativo alcanzaría potencialmente a 1.458 y 932 trabajadores, respectivamente. En total, en los dos municipios principalmente afectados por el proyecto de investigación se incrementaría la vulnerabilidad y probabilidad de desaparición de 2.390 empleos de manera directa, frente a la cifra «puramente especulativa», dicen, de más de 2.000 nuevos empleos que se crearían según el Gobierno de Cantabria y las empresas mineras.