Los trabajadores de los programas de empleo de Cartes que quieran reclamar al Ayuntamiento las diferencias salariales entre sus sueldos y los estipulados en el convenio colectivo municipal tendrán que acudir a los tribunales.
El alcalde, Agustín Molleda (PSOE) ha anunciado que «no va a pagar la deuda con los trabajadores de ninguna forma pactada», en una decisión «respaldada por PRC, PP y La Unión» tras lo que parece un «acuerdo de despacho», denuncia Cartes Sí Puede.
En el último pleno se aprobó una moción presentada por Cartes Sí Puede pidiendo el reconocimiento de las diferencias salariales percibidas por las personas que han trabajado o están trabajando en programas de empleo en el municipio. En la misma sesión el alcalde anunció que se abonarían esas cantidades y en comisión informativa se abordaría la forma de hacerlo.
Cartes Sí Puede ha lamentado que desde el inicio de dicha comisión, el alcalde dejara claro «que independientemente de las opiniones que cada grupo pudiéramos aportar, el PSOE y él mismo, como máximo responsable, ya tenían decidido que no se va a pagar la deuda con los trabajadores de ninguna forma pactada».
La «buena noticia», explican, es que de la valoración de los técnicos presentes en la comisión, «se desprende con claridad, que en su momento se informó a los responsables de esta equivocada decisión» y de que «los pagos de las nóminas de estos trabajadores no era la correcta y pese a esto se determinó la decisión de pagar por debajo del convenio colectivo del Ayuntamiento de Cartes». Los técnicos municipales, según CSP, también habrían señalado que todo indica que las reclamaciones que se presenten «casi sin ninguna duda serán ganadas, ya que hay sentencias que así lo indican».
Las cifras reclamadas serían de unos 3.000 euros por trabajador en el caso de los contratados como peones y unos 7.000 euros en el de los oficiales. Además, podrían reclamar no sólo los contratados en 2015 y los que están en la actualidad, sino también por quienes participaron en las iniciativas singulares de empleo en 2014 y los que fueron contratados a través de la Mancomunidad Altamira-Los Valles (de la que forman parte Cartes, Reocín y Santillana).
La cantidad que el Ayuntamiento debería desembolsar para hacer frente al pago de las reclamaciones si todos los trabajadores afectados recurren a la vía judicial y reciben sentencias favorables «ascendería a 442.410 euros». Según los técnicos «no existe consignación presupuestaría para hacer frente a estos pagos, aun a sabiendas que podría surgir el caso que nos ocupa», subraya Cartes Sí Puede. Además, han recordado que hace unos meses el equipo de gobierno decidió «amortizar voluntariamente» unos 200.000 euros de deuda contraída con los bancos, «mientras ya eran conscientes de la situación» en la que se encontraba el Ayuntamiento.
La formación ha mostrado su desacuerdo «ante semejante intento de atropello a los derechos adquiridos por los trabajadores», y defiende que debería elaborarse un calendario de pagos pactado entre el Ayuntamiento y los afectados. Una postura que recibió en la comisión municipal «los reproches hacia nuestro grupo, con muy malas formas por algunas integrantes de la Corporación» y acusaciones de «instigar y crear una plataforma para la movilización y la agitación de los trabadores afectados y de tener el macabro propósito de arruinar al Ayuntamiento de Cartes».
CSP considera que se trata de «un burdo intento de responsabilizarnos de la actual situación, cuando los únicos responsables fueron quien gestionaron de manera irregular en su momento, algo que ahora se convierte en un problema de grandísimas dimensiones».
Por ello, este grupo municipal ha animado a los afectados a «reclamar lo que es suyo» y se ha reafirmado en su apoyo a los trabajadores en sus reivindicaciones, así como su disposición para ayudar a quienes lo precisen a «gestionar las reclamaciones», bien directamente o poniéndoles en contacto con sindicatos o abogados.