La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha participado esta mañana en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo en la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que encabeza Raquel Sánchez y las Comunidades Autónomas han aprobado la distribución de los fondos estatales destinados al ‘Bono Alquiler Joven’.
De los 200 millones de euros que aportará el Gobierno de España entre los diferentes territorios, Cantabria recibirá este año 3,8 millones de euros, lo que representa el 1,9%, un porcentaje superior a lo que nos correspondería por población y por número de viviendas.
En este sentido, la consejera se ha mostrado «satisfecha» de las cantidades asignadas a Cantabria y ha apuntado que «gracias a esos 4 millones de euros, cientos de jóvenes de la Comunidad tendrán mayores facilidades a la hora de emanciparse y acceder a una vivienda».
Según se recoge en el Decreto publicado por el Ministerio, la ayuda ascenderá a 250 euros mensuales durante un periodo máximo de 2 años. Y para poder beneficiarse de ella, la persona debe ser menor de 35 años y tener una fuente regular de ingresos y los ingresos de la unidad de convivencia ser inferiores a 3 IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) -24.318,84 euros-.
Una vez que ha sido aprobado en Conferencia sectorial la propuesta de distribución territorial de fondos, el Consejo de Ministros deberá autorizar el gasto y, posteriormente, volver a la Conferencia sectorial.
Además del ‘Bono Alquiler Joven’, en la reunión, en la que también ha participado la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, se ha aprobado el reparto de fondos en el marco del nuevo Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
En este caso, Cantabria recibirá igualmente el 1,9% del total de los fondos, lo que supone el ingreso de otros 6,5 millones de euros para los diferentes programas recogidos en el Plan Estatal.
De este modo, en total, el Gobierno de España aportará este año a Cantabria 10,3 millones de euros para llevar a cabo políticas que faciliten el acceso a la vivienda a las personas y colectivos con mayores dificultades.