Cantabria rechaza frontalmente el nuevo modelo planteado por el Gobierno de España a las autonomías para reformar el sistema de financiación autonómica, un modelo articulado en torno al criterio de población ajustada que, de aplicarse tal y como está formulado inicialmente, pondría en riesgo la suficiencia financiera de la región y podría llegar a suponer, en el peor de los escenarios, la pérdida de 472 millones de euros.
Así lo han advertido hoy el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, que han comparecido en rueda de prensa para reafirmar el «total desacuerdo» del Gobierno autonómico con la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda y dar a conocer las alegaciones que presentará la Comunidad Autónoma antes del 31 de enero, en base a un estudio elaborado por la Consejería de Economía y el Grupo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria.
El presidente ha confiado en que el modelo propuesto «no llegue a ver la luz», porque sería «demoledor» para la región y supondría en la práctica que la autonomía «desaparece como viable». Precisamente por ello, se ha mostrado convencido de que no va a salir adelante: «Estoy completamente seguro», ha dicho.
Revilla ha rechazado que la reforma del sistema suponga mermas en la financiación de los territorios, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora. «Hay que partir, como mínimo, de que nadie reciba menos y, a partir de ahí, aplicar criterios racionales como los que están puestos aquí (en las alegaciones), que son verdades absolutas», ha precisado.
Asimismo, ha defendido la necesidad de garantizar el coste efectivo de los servicios para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas prestaciones y posibilidades de tener una «vida digna». En este sentido, ha recalcado que la mayor financiación que ha recibido la región en los últimos años no ha sido ningún «privilegio», sino la aplicación de unos «criterios justos», que tienen en cuenta factores singulares de Cantabria, como la orografía, el envejecimiento o la dispersión población, que suponen en la práctica un mayor coste de los servicios públicos.
«Vamos a replicar contundentemente y vamos a seguir adelante en esa unión de comunidades autónomas (Cantabria, Aragón, Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Castilla La Mancha) que nos vemos seriamente afectados por este documento, que esperemos que no llegue nunca a ver la luz», ha declarado.
Por su parte, Pablo Zuloaga ha asegurado que las alegaciones que plantea el Ejecutivo regional pretenden «mejorar» la situación de la Comunidad Autónoma en el modelo de financiación autonómica que ha planteado el Gobierno central y «contemplan las demandas que siempre ha defendido Cantabria para asegurar un criterio de reparto justo, que garantice la equidad de los servicios que se prestan en los diferentes territorios de España».
«Vamos a defender y defendemos como Gobierno en su conjunto el justo reparto de fondos para Cantabria y, evidentemente, un modelo de financiación autonómica que no beneficie o mejore las condiciones para nuestra Comunidad Autónoma no será un modelo que comparta el Gobierno de Cantabria», ha afirmado Zuloaga, para quien «esto no va de frentismos políticos ni territoriales», sino de «asegurar a los cántabros y cántabras un sistema de financiación que garantice los servicios que perciben hoy y que tienen que seguir percibiendo en el futuro».
En concreto, se ha referido a criterios como la orografía, la dispersión o el envejecimiento de la población, criterios «que el Gobierno de Cantabria defiende para mejorar las ecuaciones planteadas por el Ministerio» y otras «cuestiones» que marcaron el reparto de la financiación autonómica anterior, como el Hospital Valdecilla, centro de referencia nacional, que, tal y como ha apuntado, «requiere una inversión extraordinaria».
La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha informado de las principales alegaciones que presentará el Gobierno de Cantabria y que están orientadas, según ha explicado, a «mantener el statu quo, ponderar el envejecimiento poblacional y la dispersión en la variable sanidad, considerar la orografía como variable propia, redefinir la variable dispersión geográfica y repartir la partida de costes fijos entre quienes la necesitan de verdad».
En primer lugar, la consejera ha defendido preservar el Statu Quo y sufragar los costes que no recoge el indicador de población ajustada. María Sánchez ha apuntado que esta es una premisa que se ha mantenido sistemáticamente en todas las reformas planteadas hasta la fecha y que ha permitido suministrar a las autonomías los recursos suficientes para atender con eficacia el paulatino incremento de las transferencias competenciales.
Por otro lado, Cantabria propondrá que la variable relativa a los costes fijos de los servicios no se convierta en «pan para todos». La titular de Economía ha manifestado que, a pesar de que todas las comunidades tienen costes fijos, resulta evidente que mantener la oferta de prestaciones en regiones menos pobladas supone unos costes medios superiores, porque, «cuantas más personas utilizan un servicio, menor coste fijo per cápita se genera».
Según un estudio reciente del ICANE, Cantabria tiene actualmente el mayor coste sanitario fijo per cápita de todas las regiones de España, un 25% más que la media nacional, y, por este motivo, aboga por que los recursos destinados a compensar los costes fijos de los servicios se destinen de manera prioritaria a las comunidades más afectadas por este indicador.
Además, el Gobierno cántabro va a pedir al Ministerio que la variable orografía, «especialmente sensible para Cantabria», adquiera relevancia en detrimento de otras como la superficie, debido a la incidencia que tienen las zonas montañosas en aspectos como la inversión en carreteras o en el gasto en la prestación de servicios.
Por último, dentro de las variables no poblacionales, la Comunidad Autonóma hará fuerza para que se redefina la evaluación de la dispersión geográfica. «Con el sistema actual, que cuantifica el número de entidades singulares del padrón, se valora de forma muy diferente a regiones con condiciones similares», ha subrayado la consejera.
«La conclusión es sencilla. Si sale adelante este modelo y todos los recursos que reciben las comunidades autónomas se reparten en función del criterio de población ajustada, Cantabria perdería un volumen de ingresos que comprometería seriamente su suficiencia financiera», ha enfatizado María Sánchez.