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Torrelavega

El Gobierno de Cantabria firma un convenio de gestión y recaudación de impuestos con 48 ayuntamientos

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El Gobierno de Cantabria ha firmado hoy en Torrelavega un nuevo convenio de gestión y recaudación de tributos locales con los ayuntamientos (hasta la fecha son 48 los que lo han suscrito) de la región.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha señalado que el nuevo compromiso "rebaja sustancialmente" el coste de cobranza en periodo voluntario que recaudan los ayuntamientos y, por tal motivo, "a partir de hoy todos ellos podrán disponer de más recursos económicos para destinarlos a otras áreas de gasto".

El acuerdo, al que podrán sumarse todos los municipios que muestren interés, establece que sea la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) quien se encargue de la gestión, liquidación y recaudación de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas de las entidades locales. Por delegación del ayuntamiento, también del cobro del resto de los tributos y otros de derecho público, así como la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo.

Sota ha manifestado que la firma es el "punto de partida" de una estrecha relación para garantizar "una prestación eficaz y eficiente" de los de los servicios públicos, en este caso aplicado a los tributos. "Es mi voluntad y compromiso facilitar en la medida de lo posible una mejor gestión garantizando la autonomía local y el correcto desempeño de las competencias locales", ha declarado.

El consejero ha destacado que el Gobierno es consciente de las dificultades económicas existentes en los municipios de Cantabria y su objetivo es "colaborar y ayudar a paliar las dificultades de cobranza".

Igualmente, ha sostenido que no sólo se trata de una "actualización" de los instrumentos jurídicos de colaboración entre las administraciones regional y local, sino que supone un "pistoletazo de salida" a la modernización de dichas relaciones, con el fin de "favorecer y facilitar" al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Durante la firma del convenio con los alcaldes presentes, en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica de Torrelavega, el consejero ha estado acompañado por el director general de Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Pedro Pérez Eslava, quien ha dicho que la gestión de los tributos municipales será como la de los autonómicos y ha subrayado que en los esfuerzos que se hagan para avanzar en la gestión telemática "no nos olvidaremos de la administración local."

También han estado presentes José Antonio Gómez y Luís Crespo, responsables del área de recaudación de la ACAT.

Por este acuerdo de recaudación, la Comunidad Autónoma percibirá una contraprestación económica que se ingresará en la Tesorería regional. En periodo voluntario, el cobro bajará del 5% al 3,5 % del importe total de los ingresos correspondientes a las deudas de notificación colectiva y periódica y a las Liquidaciones de Ingreso Directo realizadas por la ACAT. En periodo ejecutivo, el importe que se destinará a la Comunidad Autónoma será del 9 % del total de los ingresos y del 3 % sobre el importe de los créditos declarados incobrables u otras causas que originen la extinción de las deudas.

"Los anticipos a cuenta no sufren ninguna variación, ni en el importe de los mismos, ni en el plazo de entrega a los ayuntamientos. Plazo que tampoco varía respecto a la rendición de cuentas y entrega de fondos de cada cobranza", ha aclarado el consejero.

Sota ha explicado que el acuerdo no solo permite recaudar en los municipios, sino que, al ser Agencia Tributaria de Cantabria y al tener un convenio con la del Estado, "se pueden recaudar tributos de ciudadanos que no residan en los municipios o que estén incluso fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria".

La adhesión de los diferentes ayuntamientos al convenio debe aprobarse por el Pleno de cada corporación, que acordará la delegación de los cobros a la ACAT.

Como ha explicado Sota, el convenio podrá ser prorrogado por períodos de cuatro años. Para poner fin al acuerdo deberá comunicarse tres meses antes de la finalización de su plazo inicial o de las sucesivas prórrogas.