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Economía

El 13 de octubre es la fecha definitiva parara conocer el futuro de Sniace y de su plantilla

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"O en octubre nos readmiten a todos o esto se va al garete. No hay plan B". El comité de Sniace es consciente, y así se lo ha transmitido a los trabajadores, de que si el 13 de octubre el Tribunal Supremo no autoriza la readmisión de la plantilla, la factoría no podrá reabrir como está previsto. Para ello, antes es imprescindible que el juez de lo Mercantil levante el concurso de acreedores, algo que, según las informaciones que maneja el comité, es probable que se produzca en los próximos días.

Así lo han explicado los sindicatos a la asamblea de trabajadores, celebrada con urgencia hoy en la fábrica, para detallar la situación en que el retraso en el levantamiento del concurso y el recurso presentado por el sindicato USO han dejado a algunos de los operarios, que a pesar de reunir las condiciones no han podido acogerse a la jubilación prevista, lo que supone en unos casos agotamiento de sus ingresos, en otros pérdidas económicas y para muchos un descenso de la base de cotización para sus pensiones.

Mientras, la empresa sigue barajando octubre como fecha de reapertura y espera poder cumplirla porque tiene compromisos con compradores chinos para sacar las primeras partidas de celulosa en diciembre. El presidente de Sniace, Blas Mezquita, en la "reunión de urgencia" mantenida con el comité el pasado día 27, ha asegurado que la empresa sigue adelante con esa previsión.

El problema es que para llegar a esa previsión hay numerosos condicionantes, que no dependen de Sniace ni de los trabajadores, que deben cumplirse en las próximas semanas. En el plano judicial, además del levantamiento del concurso de acreedores, que depende del titular del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid, queda la cita con el Tribunal Supremo el 13 de octubre, conseguida tras un segundo aplazamiento y con la convicción, han asegurado los representantes sindicales, que sería imposible lograr un tercero.

En el plano empresarial, Sniace espera el levantamiento del concurso para "de forma inmediata" presentar la documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para volver a cotizar en bolsa en septiembre, porque se necesitan unas dos semanas en el parqué antes de que la compañía pueda presentar la ampliación de capital prevista. Una ampliación de 15,5 millones de euros, aprobada por el Consejo de Administración de Sniace en mayo y con el que se financiará la reapertura de la fábrica.

A eso, hay que sumar las cuestiones administrativas. Según ha explicado en la asamblea de hoy el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, en las reuniones celebradas con los nuevos responsables del Gobierno de Cantabria se les ha confirmado que en cuanto a la renovación de autorizaciones ambientales y de emisiones, el anterior Ejecutivo regional, "pese a lo dicho, no había hecho nada". Ahora, confían en el compromiso del Gobierno PSOE-PRC de que las cuestiones más urgentes podrán estar resueltas en octubre, a tiempo para la reapertura.

Otro requisito más es llegar a acuerdos con los diferentes acreedores institucionales, "acreedores preferentes", a los que adeuda Sniace. Hasta el momento, se han llegado a acuerdos con la Seguridad Social, para pagar la deuda en 6 años, y con el FOGASA, para hacerlo en 8; pero queda pendiente el acuerdo con la Agencia Tributaria, a la que se deben unos 2 millones de euros, ya que Hacienda se ha negado a negociar sin tener la firma del juez mercantil, y con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la que se adeudan 14 millones y que hasta el momento ha señalado que ratificará el acuerdo que se alcance con la Agencia Tributaria, a la que los representantes sindicales han solicitado cinco años de aplazamiento.

Un buen número de circunstancias que tienen que darse para que la anunciada reapertura de Sniace sea una realidad, y se puedan ir incorporando las contratas que realizarán la puesta a punto de las instalaciones para reanudar la actividad productiva.

En la asamblea celebrada este lunes se han intentado resolver las situaciones particulares de los jubilados afectados por el retraso. Desde que se firmó el acuerdo laboral con la dirección, en septiembre de 2014, se han jubilado 35 trabajadores y están en edad "prejubilable", a partir de los 59 años, otros 67. De ellos 2, que cumplen 62 años en 2015, están en la tesitura de seguir acogidos a la póliza de jubilación o coger la indemnización por despido.

La póliza, como ha informado hoy el comité, se firmará con una empresa aseguradora una vez se hagan efectivos, la reincorporación y el posterior despido de los jubilables. Como se ha detallado, si el Tribunal Supremo, el 13 de octubre, autoriza retrotraer los despidos de la plantilla a septiembre de 2013, en ese momento comenzará la negociación de sendos expedientes, de regulación y de extinción de empleo, para los trabajadores que se reincorporaran a la fábrica por un lado y para los que se jubilarán por otro.