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Iniciada la demolición de las 214 viviendas ilegales del Alto del Cuco de Piélagos

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La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, junto al director general de Urbanismo, Francisco González, y el de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, ha asistido hoy al comienzo de las obras de demolición de las 214 viviendas ilegales construidas en el Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos.

Díaz Tezanos ha confirmado "la firme voluntad del Gobierno" de cumplir las sentencias, que el anterior Gobierno no ejecutó, y ha reclamado al Partido Popular que asuma su responsabilidad y dé explicaciones a los ciudadanos por estas construcciones, que ha calificado de barbaridad urbanística.

"Hoy es un día que tiene un punto de vista positivo, que es la firme y clara voluntad del Gobierno de cumplir las sentencias de los tribunales de justicia, pero también tiene un punto de vista negativo porque estamos destruyendo una importante inversión privada de unas construcciones que nunca se debieron de autorizar", ha declarado la vicepresidenta.

La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, ha coincidido en esta valoración y ha hablado de "día agridulce". "No es un día feliz para el municipio de Piélagos, pero es un paso adelante en esta situación que estaba enquistada desde hace muchos años" ha afirmado Samperio. "Sabíamos que había una sentencia que teníamos que cumplir y nunca acabábamos de dar solución a ello", ha declarado.

"El Gobierno de Cantabria cuando hace un año llegó a asumir las responsabilidades de Gobierno se encontró con un proceso totalmente paralizado, con una inejecución de una sentencia que ya era firme y llevaba meses además sin responder a los requerimientos judiciales para ejecutar esta sentencia", ha afirmado Díaz Tezanos, quien ha recordado que "en estos meses, el actual Gobierno ha puesto en marcha todo el mecanismo para ejecutar esta sentencia de demolición de las 214 viviendas construidas de las 400 proyectadas y de regeneración y restauración ambiental de esta zona con un importante valor paisajístico".

"Al ayuntamiento le sale cara la ejecución de la sentencia, pero gracias a la firma del convenio con el Gobierno los pagos van a ser más cómodos que lo que en un principio se estimaba, que era dar los 3,7 millones de euros de manera inmediata al tribunal, algo que sería imposible asumir desde el ayuntamiento", ha reconocido Samperio.

Díaz Tezanos ha recordado que la ejecución de la sentencia de demolición va a superar el millón de euros de gasto, y la restauración y rehabilitación ambiental que se llevará a cabo posteriormente supondrá en torno a 2,7 millones de euros.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos firmaron la semana pasada un convenio por el que el Ejecutivo adelanta los 3,7 millones de euros que son necesarios para ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo y el consistorio reintegrará la totalidad de esta cantidad a lo largo de 10 años, con 1% de interés a partir de 2017.

El Plan Parcial que preveía la construcción de 165 viviendas unifamiliares en hilera, 84 pareadas, 45 aisladas y 107 viviendas colectivas, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Piélagos el día 23 de marzo de 2004.

La asociación ARCA y el entonces Gobierno de Cantabria presentaron recursos contra ese Plan Parcial ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que concluyeron con sentencias estimatorias en marzo de 2007 y febrero de 2008, confirmadas ambas por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 17 de noviembre de 2011 y 10 de febrero de 2012.

"Respetamos profundamente el Estado de Derecho, las sentencias están para ejecutarse y también tengo que decir que hay unos claros responsables, tal y como manifiestan las sentencias, que son los que fueron miembros del equipo de Gobierno municipal del PP que autorizaron las viviendas ilegales", ha afirmado la vicepresidenta.